15.09.2021 -
La esperanza de vida aumenta, y eso es bueno. Sin embargo, es probable que esto se convierta en un problema para el sistema de la seguridad social, especialmente para las pensiones.
El gasto social en Alemania ya ha alcanzado un máximo histórico. El borrador del nuevo informe social del gobierno federal muestra que la denominada ratio de prestaciones sociales en 2020 es ahora del 33,6 %, 2,8 puntos porcentuales más que en el año de la crisis 2009. Esto significa que el Estado ha canalizado recientemente en prestaciones sociales más de un tercio de la producción económica total, es decir, unos 1,2 billones de euros. Por supuesto, parte del aumento se debe también a las cargas especiales de la pandemia.
Sin embargo, cabe destacar que, según los planes del gobierno federal, la ratio de prestaciones sociales en el PIB será del 32 % en 2025, apenas inferior a la del año de la crisis 2020 (a modo de comparación: tras la reunificación, la proporción seguía siendo del 25 %).
Los responsables de la tendencia hacia unos presupuestos sociales cada vez más elevados son, sobre todo, los crecientes gastos en pensiones y sanidad. En este sentido, se nota la evolución demográfica, ya que los baby boomers alemanes que nacieron entre 1955 y 1969 se van jubilando paulatinamente y, por tanto, pasan de ser contribuidores a receptores de prestaciones sociales. La solución a este problema que tenemos delante no es fácil. La reducción de las prestaciones es difícilmente viable desde el punto de vista político. Lo mismo ocurre con un nuevo aumento de la edad de jubilación. Por lo tanto, las únicas opciones son el aumento de las cotizaciones a la seguridad social, las prestaciones financiadas por el empresario y/o el aumento de las subvenciones del erario público. Esto último también se aplica a las pensiones de los funcionarios, que se financian íntegramente con los ingresos fiscales.
Según nuestros cálculos, 5,5 cotizantes financiaban a cada pensionista en el antiguo territorio federal en 1965. En 1992, poco después de la reunificación, había 2,7 cotizantes y en 2005 solo 2,1 por cada pensionista. A partir de entonces, la proporción se mantuvo prácticamente constante hasta 2019 porque se produjo un fuerte aumento del número de trabajadores que cotizan. Este aumento se basó en una mezcla perfecta de fuerte crecimiento económico, disminución del desempleo, un aumento significativo de la tasa de la población activa entre las mujeres y una alta proporción de baby boomers (todavía) en activo.
Sin embargo, la proporción entre cotizantes y pensionistas se reducirá considerablemente en el futuro. Un buen indicador de la evolución es la tasa de dependencia de la tercera edad, es decir, el número de personas mayores de 65 años comparado con el número de personas en edad de trabajar (20 a 64 años). En 2000, había 27 personas de 65 años o más por cada 100 personas en edad de trabajar. En 2015, ya eran 35. A principios de la década de 2030, habrá más de 50. Eso supone un pensionista por cada dos personas en edad de trabajar, de las cuales no todas ellas tienen trabajo.
Para evitar una redistribución masiva en el seguro de pensiones obligatorio, que sobrecargaría a los jóvenes o empobrecería a los pensionistas, tampoco sirve incluir a los autónomos y a los funcionarios en el seguro de pensiones obligatorio, ya que ello supondría nuevas prestaciones o mayores costes de personal para el Estado.
Para que el nivel de las pensiones no descienda o los tipos de cotización no aumenten bruscamente, las subvenciones federales, que ascienden a 101.800 millones de euros, tendrán que aumentar considerablemente. Un informe de expertos publicado a principios de mayo por el Consejo Consultivo Científico del Ministerio Federal de Economía y Energía concluye que en 2045 –suponiendo que los niveles de las pensiones no cambien y los tipos de cotización sean los mismos– serían necesarias subvenciones federales adicionales por valor del 23 % del presupuesto en el sistema de seguros de pensiones. Entonces, cerca de la mitad del presupuesto se destinaría a apoyar las pensiones, lo que supondría un subsidio a las pensiones de 185.000 millones de euros, a precios de hoy. En este contexto, la idea de unos presupuestos estatales equilibrados parece ilusoria.
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