10.11.2020 -
Actualmente, el Banco Central Europeo pide el apoyo de la política fiscal para su política monetaria. Hasta hace poco, era al revés: eran los estados los que pedían ayuda al BCE.
«Nuestra política monetaria acomodaticia necesita el apoyo a la política fiscal y ninguno de nosotros puede permitirse la autocomplacencia en estos tiempos», esta frase proviene nada menos que de la Presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Al leer estas líneas, uno debe pensar inevitablemente que ha entendido mal algo. Habitualmente, suele ser al revés: los gobiernos quieren dinero barato de los bancos centrales para facilitar la financiación de sus déficits y los bancos centrales instan a los gobiernos a tener una buena gestión presupuestaria.
Sin embargo, actualmente el banco central pide a los estados que usen los tipos de interés reducidos para endeudarse más e incrementar sus gastos. Incluso el Fondo Monetario Internacional, que tradicionalmente ha advertido contra una escalada de la deuda nacional, recomienda que las naciones industrializadas se preocupen menos por su deuda y en su lugar aprovechen los tipos de interés reducidos para invertir el dinero barato en infraestructuras.
Las ratios de deuda pública ya han alcanzado máximos históricos. A finales de año, se espera que la deuda pública bruta en Japón represente más del 260 por ciento del PIB, en EE. UU. alrededor del 140 por ciento y en la zona euro alrededor del 100 por ciento. La preocupación de que el alto nivel de deuda sea insostenible a largo plazo es injustificada, al menos en teoría, mientras los tipos de interés o las rentabilidades de los bonos del Estado se mantengan próximos a cero, ya que con tipos de interés cero, prácticamente todos los déficits, y las montañas de deuda se pueden financiar sin problemas. Por ejemplo, el déficit presupuestario de EE. UU. ascendió a 30 de septiembre a más de 3.000 mil millones de dólares, coincidiendo con el cierre de año fiscal.
Los inversores podrían temer que las enormes cantidades de nuevos bonos necesarios para financiar los déficits presupuestarios provoquen que las rentabilidades vuelvan a subir. A pesar de la explosión de la deuda nacional, la cantidad de bonos del gobierno estadounidense en circulación apenas ha aumentado recientemente porque la Reserva Federal estadounidense está absorbiendo el excedente de valores como si fuera una aspiradora gigante. Entretanto, dispone de más de un quinto de todos los bonos del gobierno estadounidense en circulación. Si se compara a nivel internacional, este porcentaje es incluso menor. Durante años, este campo ha estado liderado por el Banco de Japón, que recientemente incorporó a su balance alrededor del 46 % de todos los bonos del gobierno japonés en circulación, y por el Reino Unido, donde la cifra es del 38 %. Esto también ilustra hasta qué punto se ha desdibujado la frontera entre la política monetaria y la fiscal.
Aunque los banqueros centrales de todo el mundo no consideren (todavía) que la independencia de sus instituciones esté en peligro y sigan rechazando con vehemencia la acusación de financiación monetaria del gobierno, se plantea la cuestión de si todavía existe un límite para la compra de bonos del Estado. Recientemente, el BCE ha demostrado que las restricciones autoimpuestas no tienen por qué ser permanentes, cuando en el contexto del programa de compras de emergencia para casos de pandemia (PEPP) redujo el límite de propiedad del 33 % de los bonos del Estado aplicable al programa de compras del sector público ya existente. Si la pandemia dura más tiempo, el PEPP «sin fronteras» podría servir como financiación pública.
Incluso hoy en día, los pagos de intereses ya no suponen una carga importante para el presupuesto nacional. La carga de intereses de los estados será casi insignificante si los bancos centrales siguen actuando en el futuro como compradores de último recurso y mantienen reducido el nivel de rentabilidad de los bonos del Estado.
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