09.12.2021 -
Durante muchos años los estados de la UE han incumplido las normas de endeudamiento. Más recientemente, la propia Comisión de la UE las ha socavado en lugar de controlarlas.
En febrero de 1992, los estados miembros de la Unión Europea (UE) se comprometieron a cumplir unos criterios de convergencia que tenían como objetivo promover una armonización de las capacidades de actuación de los distintos ámbitos económicos nacionales en la entonces incipiente Unión Económica y Monetaria, y garantizar la estabilidad y solidez económica fundamental de la UE. Para dejar constancia de este acuerdo, establecieron y firmaron el Tratado de Maastricht, que posteriormente fue ratificado por los parlamentos nacionales. De poco ha servido.
En marzo de 2020, la Comisión de la UE activó por primera vez la cláusula general de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El límite de déficit del tres por ciento del Tratado de Maastricht, que se supone que limita la nueva deuda al tres por ciento del producto interior bruto (PIB), quedó así oficialmente suspendido. Muchos países miembros aprovecharon esta oportunidad para aumentar su déficit hasta niveles históricamente altos.
Hacemos balance: los únicos países de la Unión Europea que en 2020 mantuvieron el déficit por debajo del 3% fueron Suecia y Dinamarca. En el resto de la UE, los políticos aprovecharon el nuevo margen de maniobra y alcanzaron déficits a veces vertiginosos: 209.000 millones de euros de nueva deuda en 2020 en Francia (9,1% del PIB), 158.000 millones de euros en Italia (9,6%), 145.000 millones de euros en Alemania (4,3%). En total, los déficits de los Estados de la UE ascendieron a 923.000 millones de euros el año pasado.
Es cierto que la situación de crisis provocada por la pandemia es excepcional y puede justificar estos déficits récord. Pero después de la crisis financiera y la del euro, esta ha sido ya la tercera ocasión en el pasado reciente en la que ha aumentado la deuda de forma ingente. Por lo tanto, se plantea inevitablemente la cuestión de si los criterios de Maastricht son en absoluto el instrumento adecuado para ejercer la función de dirección deseada sobre la deuda de los estados miembros; especialmente porque en el pasado ha sido difícil definir un mecanismo de sanción creíble.
Una y otra vez, los estados de la UE han incumplido los criterios de Maastricht. En particular, uno de los principales miembros de la UE, Francia, ha tenido dificultades para ajustar su déficit al límite del tres por ciento desde el principio. Ahora solicita, junto con la Comisión de la UE, que se abandonen las normas de endeudamiento de la UE. Entre los años 2000 y 2020, el Estado francés únicamente consiguió mantener su déficit por debajo del tres por ciento en cinco años, y solo una vez desde 2008 (véase el gráfico).
El segundo criterio de Maastricht, que establece un valor de referencia para el nivel de endeudamiento de un estado miembro del 60% del PIB, tampoco se cumple a menudo, especialmente por parte de las grandes naciones de la UE. A finales de 2020, la deuda pública de 13 de los 27 estados miembros superaba el 60% del PIB. En siete casos, la ratio de deuda superaba incluso el 100% del PIB, entre ellas grandes economías de la UE como Francia, Italia y España.
Por lo tanto, los resultados de los últimos años son poco indicativos de los esfuerzos de la Comisión de la UE para mejorar los resultados presupuestarios. Parece poco probable que esto cambie en un futuro próximo. Más bien al contrario: el presupuesto de la UE a largo plazo para los años 2021 a 2027 establece nuevos estándares con un gasto previsto de unos dos billones de euros. Esto incluye el programa de reconstrucción “Next Generation EU", de aproximadamente 800.000 millones de euros, que se financiará inicialmente mediante préstamos e incluye miles de millones en transferencias a los estados miembros.
Sin embargo, los préstamos correspondientes no se añaden proporcionalmente a las deudas de los estados miembros en las cifras del presupuesto nacional, sino que figuran como deudas de la UE. En lugar de los pagos de intereses y amortizaciones, en el futuro se acumularán mayores contribuciones al presupuesto de la UE a nivel de los estados miembros, que a su vez se utilizarán (deberán) para amortizar los préstamos de la UE. Por lo tanto, en términos prácticos, la UE es una especie de intermediario que transmite los reembolsos de los estados miembros. Sin embargo, las normas fiscales existentes, que están relacionadas con las ratios presupuestarias nacionales, pueden así eludirse con éxito y evitar por el momento una mayor inflación de las ratios de deuda. De este modo, la UE está socavando de facto sus propias normas.
¿Es demasiado pronto para anunciar el fracaso de los criterios de Maastricht? El reiterado incumplimiento de los límites máximos por parte de muchos estados miembros en años anteriores, en su mayoría sin consecuencias, pone en duda una aplicación creíble de los criterios de Maastricht. Además, la Comisión de la UE está eludiendo sus propias normas fiscales con el programa de reconstrucción de la " Next Generation EU ", cuyo cumplimiento se supone que debe supervisar. Tal vez el enfoque más honesto sería dejar finalmente los criterios de Maastricht en el cajón al que han sido relegados oficialmente desde marzo de 2020.
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